El exvicepresidente Amado Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrentó un proceso «amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado».
En su denuncia, planteó que la primera garantía que se violó en su proceso fue la de la «legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución».
En una presentación de 22 carillas, a la que tuvo acceso Télam, Boudou sostuvo que «junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros» fue «objeto de una campaña de persecución judicial», apenas terminó su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri.
La presentación, que lleva la firma de Boudou con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa, fue realizada por el exvicepresidente al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmación de su condena de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores.
En el escrito se hace un pormenorizado detalle de los pasos que siguió la causa, que se inició, según expresó, «con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina», en un trámite en el cual «irían a desplegarse las maniobras», mientras las nuevas autoridades «implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución».
Menciona en su respaldo un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, denominado «Espionaje ilegal 2016-2019», en el cual se señaló que hubo «un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional» que buscaba «la extorsión política y económica» y el método que se fue el «‘lawfare’ o guerra jurídica».
«Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos», para crear «un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales», expresó.
También recordó su detención, en noviembre de 2017, en horas de la madrugada, y dijo que tuvo «el evidente objetivo» de humillarlo públicamente al ser «retirado» de su domicilio.
«Tuvo el evidente objetivo de humillarme públicamente», sostuvo Boudou, quien recordó que fue «en horas del amanecer», sin citación previa, «pese a que siempre había comparecido a las citaciones» y, además, exhibiéndolo ante la TV en pijama y pantuflas, ventilando ilegalmente imágenes del procedimiento».
En otro pasaje de la presentación, Boudou afirmó que su causa fue divulgaba como «hechos de campaña» con un «profuso tratamiento mediático en primera plana», para lo cual se «diseccionó cuidadosamente» el proceso «desvirtuando su rigor objetivo, material y procesal».
Se apuró «en elevar a juicio un tramo de la causa vinculado con la actuación» que se le reprochaba, entre otros, «junto los acusados José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele», planteó y recordó que este último luego se convirtió en «arrepentido», una situación que fue difundida por la prensa incluso antes que se formalizara.
Recordó que a los 10 días de encontrarse «arbitrariamente detenido» se hizo público, el 13 de noviembre de 2017, que Vandenbroele ingresó al programa de protección de imputados arrepentidos, y se quejó de que el tribunal rechazara los reclamos de sus defensas para que se conocieran los términos del acuerdo», algo que según la normativa vigente está sólo admitido «en la etapa de instrucción» y no cuando está en marcha el juicio.
«Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos», dijo Boudou.
Señaló que «todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional».
«Sigo aún preso. Y en síntesis, el Estado Argentino es responsable por la violación» a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyó.
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