Desmienten que Milagro Sala pueda ser trasladada a una cárcel común

La defensa de Milagro Sala desmintió hoy que la dirigente pueda ser trasladada a una cárcel en el marco de la causa por un escrache del año 2009 al actual gobernador jujeño Gerardo Morales, ya que, plantearon, aún no se emitió ninguna sentencia de la Corte Suprema al respecto y además está vigente una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que lo impide.

Los abogados de Sala plantearon que «no hay ninguna sentencia» de la Corte que se haya emitido sobre aquel escrache y al mismo tiempo subrayaron que «continúa en plena vigencia» la disposición de la Corte IDH que establece que la fundadora de la Túpac Amaru, en prisión domiciliaria, no puede ser alojada otra vez en un penal, dado el riesgo de vida que implicaría.

La aclaración se dio a conocer luego de que los letrados de Morales, entre ellos el diputado provincial de la UCR Luciano Rivas, solicitaran en una rueda de prensa que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy dicte una nueva sentencia contra Sala para que cumpla prisión efectiva y la traslade al penal federal de General Güemes, en Salta.

En diciembre del 2016, Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso en el marco de una causa iniciada por la realización de un escrache ocurrido hace doce años contra Morales y el entonces auditor general de la Nación Leandro Despouy, durante una actividad en la sede del Consejo de Ciencias Económicas, en San Salvador de Jujuy.

Por ese episodio se la juzgó por las figuras de daño agravado y de amenazas: en el primer caso se la condenó a los tres años de prisión en suspenso, pero en relación a las amenazas el TOF resolvió por unanimidad declarar extinguida la acción penal por prescripción, y en consecuencia sobreseyó a los tres imputados, uno de ellos Sala.

Ante esta decisión, la querella de Morales recurrió a instancias judiciales superiores hasta que la Cámara Federal de Casación intervino en el caso, revocó los sobreseimientos y estableció que el TOF debía dictar una nueva sentencia que incluyera la figura de amenazas coactivas en vez del delito de amenazas simples.

Finalmente, el TOF de Jujuy resolvió, la semana pasada, que la imputación de las amenazas no está prescripta, como había solicitado Morales, aunque todavía no dictó una nueva sentencia, algo que para los abogados de Sala no puede hacer en este momento, ya que «la Cámara Federal de Casación está revisando las implicancias de que a uno de los imputados no se le haya dejado nombrar defensor», plantearon.

Además, la defensa de la dirigente jujeña criticó la última resolución del Tribunal y la consideró «una resolución sin precedentes», ya que el TOF, puntualizó, «actuó en contra de toda la jurisprudencia de la Corte y de lo que establece la ley» al resolver «que la causa no estaba prescripta pese a que se cumplió el plazo que indica el Código Penal».

Ante esa situación, los letrados de Sala adelantaron que apelarán a Casación, «con la esperanza de que se aplique la ley, de una vez por todas».

Por último, desmintieron que la Corte «haya confirmado la condena» por el escrache de 2009 y recordaron que el máximo tribunal, hace unos años, determinó que en la causa no existe «sentencia definitiva».

«Pasaron más de cinco años desde que comenzó esta cacería judicial y los ataques contra Milagro no cesan. Exigimos una respuesta urgente de la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, y de los Poderes Legislativo y Ejecutivo», reclamaron.