Comenzó el juicio a un exintendente y otros 9 imputados por el robo de caños del Gasoducto NEA

Un tribunal colegiado comenzó a juzgar hoy al exintendente de la localidad salteña de Aguaray Jorge Enrique Prado, y a otros nueve imputados, por el robo millonario de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA).

«Entendemos que traemos un caso sólido y que vamos a demostrar con certeza absoluta la responsabilidad de los imputados», expresó el fiscal federal Eduardo Villalba, al pronunciar los alegatos de apertura del juicio, en los que consideró que se trata de «un caso de corrupción casi paradigmático».

Tras la identificación de los imputados, Villalba habló sobre «una obra paralizada que iba a llevar progreso a una zona postergada» y destacó que los imputados «resolvieron sustraer, entre 2019 y 2020, caños que son oro en polvo para venderlos y beneficiarse con ellos».

El juicio oral y público comenzó en la sede del Tribunal Oral Federal 2 de Salta (TOF2), presidido por Abel Fleming, y mediante videoconferencia se conectaron los imputados desde Tartagal, Aguaray y Mendoza.

Durante su exposición, Villalba consideró que en esta causa «el Estado saquea al Estado» y reveló el rol de cada uno de los imputados.

Además de Prado están acusados su exsecretario de Hacienda en el municipio, Fredy Céspedes, y el empresario Diego Alos, presidente de la empresa mendocina OSYP SA, imputados por fraude a la administración pública en calidad de autor, en concurso real con robo agravado de al menos 228 caños.

A ellos se suman el empresario Matías Rossi, presidente de la empresa Comarfil, acusado de encubrimiento agravado en calidad de autor; y Milton René Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa MyP Servicios Especiales, con cargos de robo agravado en calidad de partícipes necesarios de al menos 161 caños.

En tanto, Dante Oscar Rodríguez llegó al juicio acusado de robo agravado en calidad de autor de al menos 14 caños; Adrián Antonio Vera, por fraude a la administración pública en concurso real con robo agravado de 160 caños, y Cristian Marcelo Buczeck, como autor de robo agravado, igual que Andrés Ayala.

Según Villalba, «la protagonista principal de esta historia es la resolución 1215/19, del municipio de Aguaray, dictada el 23 de diciembre de 2019, por el entonces intendente del municipio» para «dar cobertura a la sustracción de los caños y otorgar a la empresa de Alos la desafectación del material del desarme» de la obra abandonada, por razones de «saneamiento ambiental».

«Se trata de una barrabasada jurídica», expresó el fiscal, quien destacó que «traemos prueba pericial y documental» para ventilar en el juicio, que se desarrollará los miércoles y jueves por las tardes, y por el que pasarán más de cien testigos.

Las actuaciones se iniciaron en febrero del año pasado, a partir de notas periodísticas, y el 18 de mayo de 2020 se formalizó la acusación contra Prado, Céspedes y Alos, mientras que el 28 de julio se amplió la acusación hacia empresarios y trabajadores del rubro transporte que habrían participado de las maniobras.

Según el Ministerio Público Fiscal, la intención de los imputados apuntaba al apoderamiento de caños por un tramo de 35 kilómetros del Gasoducto del NEA, que atraviesa la localidad de Aguaray y parajes vecinos, y la investigación permitió recuperar más de 250, secuestrados en la zona y en Buenos Aires.

De la investigación tomaron parte, además de Villalba, los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero, de las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, respectivamente.

Durante la primera audiencia el abogado Sebastián Schmidt Dodds, representante de la empresa Ieasa, mayoritariamente estatal, adhirió a la acusación del fiscal y aseguró que el perjuicio al Estado nacional por el robo de los caños ronda los 5 millones de dólares.

«Se sustrajeron más de 600 caños y se recuperaron 250 aproximadamente, que no pueden ser reutilizados», destacó el letrado, quien sostuvo que cuando esta obra, valuada en U$D 2 mil millones, esté terminada, se van a beneficiar «1.700.000 habitantes del noreste argentino».

Tras el alegato de apertura de los defensores y la declaración de uno de los acusados, las fallas en el sistema de audio obligaron al tribunal a pasar a cuarto intermedio hasta la próxima semana.