Chaco: detectan irregularidades en más del 60% de las pensiones por incapacidad laboral

El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que los resultados surgen de una auditoría llevada a cabo como parte del proceso de control iniciado por Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional, anunció la baja de 1796 beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC IL) en la provincia de Chaco, tras detectarse que no cumplían con los requisitos necesarios o habían accedido al sistema de manera irregular.

Manuel Adorni, vocero presidencial, informó que los resultados surgen de una auditoría llevada a cabo como parte del proceso de control iniciado por ANDIS, que durante el año detectó otras irregularidades en el otorgamiento de pensiones en diferentes puntos del país.

Según detalló Adorni, “siete de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían los requisitos o eran fraudulentas”. La auditoría incluyó operativos en las localidades de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli, donde fueron citados 2.689 beneficiarios, de los cuales asistieron 2.344 (87.17%). Del total auditado, “únicamente 365, el 13.58%, han resultado favorables; es decir, que han cumplido con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio”.

En relación con los casos detectados, explicó que 1796 beneficiarios (66.79%) serán dados de baja por no cumplir con los requisitos establecidos, mientras que 183 casos (6.81%) se encuentran en proceso de fiscalización médica.

También recordó que en julio, a partir de una auditoría realizada sobre pensiones otorgadas durante gestiones anteriores, ANDIS había identificado lo que describió como “una actividad fraudulenta a gran escala” que incluía un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares. En ese momento, se anunció una auditoría total para revisar un universo de 1.223.864 beneficiarios, bajo la sospecha de que cerca de medio millón de pensiones podrían ser irregulares. “A diciembre de 2023, la cifra se ubicó en más de 1.223.000 beneficiarios, un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, declaró.

Entre las irregularidades detectadas, destacó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas de forma exprés en menos de 30 días, cuando el trámite demora mucho más”. Además, mencionó un caso registrado en Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue utilizada como prueba en 150 pensiones por invalidez.

Y, finalmente, concluyó afirmando que las auditorías continuarán en diferentes provincias como parte del plan del Gobierno para garantizar la correcta asignación de los beneficios y evitar el uso irregular de recursos públicos.