El revelador acecho al juez Lópe

En las últimas horas, tres gremios judiciales pidieron someter a un juicio político al juez federal Alfredo López, con fines destituyentes. El juez es el titular del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, quien el pasado 7 de junio hizo lugar a un amparo que frenó en todo el país la aplicación de la ley del aborto. El pedido de juicio llega diez días después de que el juez fuera recusado por el Estado en esa causa, con el objeto de que el aborto volviera a estar vigente. No cuesta mucho ver un intento de escarmiento en este pedido de destitución, así como una acción intimidatoria contra todo otro magistrado que quiera defender la vida de los no nacidos.

Los tres gremios que lo acusan de “mal desempeño en sus funciones” son el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina. El primero responde al kirchnerismo, a través de esa larga mano judicial del gobierno que es la asociación abolicionista Justicia Legítima, caracterizada hace tiempo por el juez López como una “asociación ilícita”, porque el reglamento de la Justicia nacional prohíbe a los jueces tener militancia político partidaria. De los otros dos gremios, el segundo no tiene nada que ver con López porque su representación no es federal sino provincial aunque, por lo visto, la militancia por el aborto se salta los fueros. El tercero es menos conocido.

Estos sindicatos plantearon su reclamo en una solicitada publicada el lunes último en un portal de noticias digital marplatense. Las razones aducidas apenas si pueden ocultar su carácter vengativo. Le cuestionan al juez sus vigorosas declaraciones en contra del aborto durante el trámite parlamentario de la ley, sus expresiones en contra de la “tiranía abortera” o de los “crímenes de Estado” y hasta ser un católico confeso. Estos críticos del magistrado sostienen que sus actos son “una deshonra para el Poder Judicial”, cuando está a la vista de todos que es este Poder Judicial el que deshonra al juez.

La destitución del magistrado ya había sido pedida dos días antes por otro representante de Justicia Legítima, el constitucionalista Eduardo Barcesat, un ex comunista devenido en kirchnerista, que lo atacó duramente.

Este movimiento de pinza sobre el juez, primero apartado de la causa y ahora con pedido de destitución, expone un temor más grande del que podía suponerse a que la ley del aborto se judicialice. Hay razones para ese temor. La ley es abiertamente inconstitucional porque viola el artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución, y también viola el artículo 19 del Código Civil. Podía suponerse que el dominio que se aseguró el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, al que fue colonizando progresivamente, le garantizaría a estas alturas una mayor calma frente a estos pequeños reveses. Lo interesante es darse cuenta de que no las tiene todas consigo y que esos reveses no son tan pequeños.

El gobierno intenta obturar las pocas fisuras que le quedan para lograr el control total de la Justicia. A eso se orienta una resolución de la Anses que intimó en febrero pasado a un grupo de unos 200 jueces y fiscales que iniciaron sus trámites jubilatorios a que renuncien a sus cargos o de lo contrario caerán esas gestiones, lo que significa que deberán tramitar una nueva jubilación que ya no ofrecerá los beneficios que garantizaba la ley anterior.

De esos 200 jueces y fiscales, una tercera parte son afines al kirchnerismo, otra tercera parte son temerosos y unos sesenta resisten, entre ellos el juez López. Algunos de estos últimos ya fueron intimados mediante cartas documentos, como los fiscales Taiano y Stornelli, o los camaristas Bruglia y Bertuzzi o el juez Castelli, que son los que tienen las causas de la vicepresidente Cristina Fernández.

Esta resolución, firmada por la titular del organismo, la dirigente de La Cámpora María Fernanda Raverta, es una forma más de presión para que los jueces que no son adictos se vayan. Una maniobra convergente con las presiones para desplazar al procurador general de la Nación Eduardo Casal. Este grupo de representantes de la Justicia federal es variopinto, integrado por personas de distintas procedencias de pensamiento, pero independientes del Poder Ejecutivo.

En el sector más restringido de aquellos que son, además de independientes, provida, aún existe la posibilidad de judicializar el aborto. En diferentes provincias ya se lo ha hecho, como en San Luis, Chaco o Salta. El fallo de López fue el más conocido porque al pertenecer a la Justicia federal, su cautelar tuvo aplicación en todo el país.

Pero no puede perderse de vista que los tres gremios judiciales y el kirchnerismo no son los únicos intereses que se alzaron contra el fallo del juez y que el papel que cumplen es apenas el de facilitadores de intereses foráneos. Por mucho que se crean “nacionales y populares”, no son ni lo uno ni lo otro. Esos intereses extranjeros entraron a tallar en la discusión una vez removido el juez López. ¿Cómo?

Cuando el Estado apeló la cautelar del juez, al mismo tiempo lo recusó. El juez rechazó esa recusación por improcedente y maliciosa. Pero hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolviera si daba lugar o no a la recusación, la cautelar debía quedar en pie y el expediente pasar al juez que lo seguía en orden de turno, en este caso Santiago Martín. Lo que ocurrió fue que el juez Martín, al aceptar la apelación del Estado, cometió la irregularidad de suspender la cautelar de forma inmediata (cuando debería haber primado el riesgo de vida que protegía el amparo) y aceptar como terceros en el juicio (lo que no está permitido por la ley de amparos) a tres organizaciones abortistas: Amnistía Internacional, con Ingrid Beck; ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y la Fundación Mujeres por Mujeres. Esto es clave porque estos terceros son ahora tomados como parte y pueden apelar. Tanto más irregular es cuanto que son organizaciones extranjeras y muy poderosas cuestionando a un juez argentino. Pero así lograron meterse en la causa.

La Cámara, que debía resolver el fondo de la cuestión, ayer rechazó la cautelar que había suspendido el aborto, si bien la decisión es apelable. Era esperable que la rechazara. Los dos magistrados que integran hoy ese tribunal, en ausencia de un tercero, son Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, miembros fundadores de Justicia Legítima. Las pocas ventanas que aún siguen abiertas y permiten entrar aire fresco en el asfixiante sistema judicial es lo que se quiere ir cerrando de a poco. Pero todavía quedan jueces valientes como Alfredo López dispuestos a defender la vida.