El Gobierno relativizó el impacto de la represión policial en la marcha de jubilados y respaldó a Bullrich

Desde el entorno del presidente Javier Milei relativizaron hoy el impacto de la represión policial sobre la marcha de jubilados y respaldaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del megaoperativo en las inmediaciones del Congreso que dejó un saldo de más de 20 heridos.

En Balcarce 50 aseguraron que la funcionaria no acciona sin el total respaldo del mandatario y vaticinaron que las crudas imágenes de los golpes registrados en la protesta «no afectarán en nada» al Gobierno.

«La diferencia con Mauricio (Macri) es que él se quedaba a la mitad», sostuvieron las fuentes, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, ante la comparativa que el ex mandatario realizó en sus redes sociales respecto a la masiva manifestación que tuvo lugar en 2017 y que culminó en enfrentamientos y represión policial mientras el Congreso trataba la reforma previsional.

«Lo de ayer fue ganancia pura porque muestra la virulencia de la violencia con la que fueron», sostuvo un funcionario ante esta agencia, y agregó: «La mayoría de la población apoya la determinación de terminar con esos actos».

En la mesa chica libertaria se escudan en la composición de la manifestación de ayer, al marcar la presencia de lo que definen como «barras bravas» luego de que varias hinchadas del fútbol argentino convocaran a movilizar en defensa de los jubilados.

«Son mercenarios pagos», definieron respecto la presencia de representantes de las distintas hinchadas, a los que vincularon al kirchnerismo y a la izquierda.

En paralelo, los principales actores del Gabinete apuestan a instalar que la movilización configura un «intento de golpe de Estado» contra la administración libertaria de sectores opositores.

Como es habitual, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el primero en plantear el tema discutido internamente y pregonado por los trolls en redes sociales.

«Hay grupos de la política que intentan desestabilizar al Gobierno», sentenció Francos en declaraciones radiales y añadió: «Esta marcha estaba totalmente organizada al grito de ´Que se vayan todos´, que lo que se pretende es una especie de golpe de Estado».

Para Francos, se trató de la «presión de un sector de bárbaros, activistas políticos que iban con la intención de generar el caos. Fueron reprimidos como corresponde por las fuerzas públicas, no se puede dejar que avance eso sin ningún control», definió. 

A contramano se mostró la vicepresidenta Victoria Villarruel, una vez más, con posición propia, al mostrarse en solidaridad con «todos los heridos» y argumentar que la movilización configura «un ejercicio de la democracia».

«La violencia no es la herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa», sentenció, en una clara ruptura del alineamiento de Casa Rosada.

También se pronunció el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien no solo elogió el accionar policial sino que también cuestionó a la jueza porteña Karina Giselle Andrade por haber ordenado la liberación de los 94 detenidos durante la protesta.

Cúneo Libarona anunció que denunciará a Andrade ante el Consejo de la Magistratura, y a esa cruzada se plegó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien tildó a la magistrada de «cómplice» y remarcó que «la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina».